Hugo Gutiérrez, abogado chileno
Chile, Derechos Humanos

El 4 de noviembre de 1970 Salvador Allende asume el poder en Chile y plantea la llamada vía chilena al socialismo, como una vía alternativa al capitalismo y al comunismo, que por entonces eran las dos grandes ideologías que gobernaban en los principales países industrializados. Ese proceso se ve cortado por el golpe de Estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1.973, iniciándose así una sistemática y permanente violación de los Derechos Humanos en Chile. En l.987 parte de los fuerzas democráticas que luchaban contra la dictadura toman una decisión metodológica que es cambiar la dictadura militar desde dentro y es así como se convoca a los chilenos a un plebiscito para votar «no» a la dictadura de Pinochet. El 5 octubre de 88 la población dice no a Pinochet y la dictadura se ve obligada a convocar elecciones democráticas en el 89 resultando electo el representante de la Concentración de Partidos por la Democracia, iniciándose para algunos la transición democrática en Chile. Para otros sin embargo este proceso no se iniciará hasta que no se den determinadas circunstancias, entre las que se encuentran el fin de la impunidad para los que violaron los Derechos Humanos durante la dictadura y la creación de una nueva constitución que derogue la que en su día concibió el dictador chileno.

Hugo Gutiérrez es uno de los principales responsables del proceso que en Chile se sigue contra Pinochet. Como abogado y miembro de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, Gutiérrez visitó España en el mes de mayo y pudimos entrevistarle a su paso por Andalucía.

¿Cuales son las acciones que se han llevado a cabo desde la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo?
CODEPU es un organismo de Derechos Humanos fundado en el 80 y que se creó como una coordinadora para acompañar a la sociedad civil que se movilizaba contra la dictadura de Pinochet. Nuestra labor fue en principio la defensa de los militantes de izquierda que se enfrentaban a la dictadura y fuimos el primer organismo laico de defensa de los Derechos Humanos en Chile. Este organismo tuvo mucha presencia en la Universidad y en la sociedad en general y en todas aquellas actividades que oponían a la dictadura. Durante la dictadura de Pinochet los principales temas a los que nos dedicábamos se referían a la situación carcelaria en general, pero el movimiento de derechos humanos tenia como objetivos la creación de una constitución democrática, no al plan laboral diseñado por la dictadura, y justicia para las violaciones durante la dictadura. Posteriormente la lucha se ha concentrado en los temas de los presos políticos y en la tortura. Después, en el 94, cuando finaliza el primer gobierno de la transición democrática, el CODEPU se mete en los temas de verdad y justicia dispuesto a establecer juicios para conocer los delitos de Pinochet y otros violadores de los Derechos Humanos.

En enero de 98 se presenta la querella contra la Caravana de la Muerte de Pinochet, que ha permitido que sea juzgado. De ahí se han presentado mas querellas, básicamente en torno a la Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y el tema de los desaparecidos. Hoy el trabajo gira en torno al tema de la impunidad.

¿Que papel ha jugado en este proceso el proceso judicial iniciado en España?
Sin los procesos de Madrid lo que está pasando en Chile no se hubiese generado. Los procesos en España son los que han abierto la posibilidad de juzgarlo y han generado una jurisprudencia valiosa en Chile.

También Pinochet tiene fuertes aliados fuera de Chile
«Las fuerzas del mal» están en todos lados y hay muchos fuera de Chile que se muestran agradecidos de que Pinochet haya exterminado las ideas progresistas en mi país y haya garantizado los intereses económicos, sobre todo estadounidenses e ingleses. En este último caso fue muy significativa la falta de solidaridad con otro país latinoamericano al apoyar la dictadura de Pinochet al Reino Unido en la guerra de Las Malvinas.

¿Está dividida la sociedad chilena en torno a este tema?
En la sociedad chilena hay absoluta certeza de que la dictadura de Pinochet violó los Derechos Humanos y hay un consenso político, desde la izquierda a la derecha, a este respecto. La cuestión es que cada sector tiene respuestas distintas a la horas de plantear el proceso. La derecha plantea una salida política de punto final, en cambio la izquierda y la centro izquierda incluso plantea sancionar estas violaciones y la búsqueda de las sanciones a través de los tribunales de justicia.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso de transición en Chile?
El gobierno de transición democrática tenía como objetivo la normalización del país y la construcción de las bases de construcción de la sociedad democrática que había sido destruida por la dictadura. Lamentablemente, pasados ya más de 11 años de iniciada la transición, uno se da cuenta de que los gobiernos de transición democrática no han sido mas que continuadores de la dictadura militar. La circunstancia de que hoy siga vigente la constitución política es un hecho demostrativo de la legitimidad que la transición en Chile le ha dado a todo lo creado por Pinochet, y también es un hecho demostrativo que la racionalidad económica, implementada a sangre y fuego por la dictadura, es la misma que hoy rige y hace que se lleven y se practiquen las políticas sociales y las tomas de decisiones en materia económica que existen, y que evidentemente responden al modelo neoliberal. También existe una continuidad en materia cultural y una continuidad en la impunidad a los violadores de los Derechos Humanos que campaba en Chile hasta la detención de Pinochet en octubre de 1.998, cuando el estado chileno se ve obligado por la comunidad Internacional a juzgar a Pinochet en Chile.

¿Cuántas personas murieron o desaparecieron oficialmente durante la dictadura de Pinochet?
El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Conciliación, que tenía como propósito establecer el marco de las violaciones de Derechos Humanos, si bien solo cuantifico las personas detenidas desaparecidas y muertas en ejecuciones extrajudiciales, sin preocuparse de la tortura, presión política, exilio, y muertes tras los encarcelamientos en campos de prisioneros; estableció un total de 3.197 personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas, siendo 2.000 y algo las ejecutadas y 1.000 las detenidas desaparecidas.

¿Cuál es actualmente la situación a nivel de derechos sociales en Chile?
La constitución política que rige Chile esta estructurada en torno a dos pilares fundamentales: la doctrina de seguridad nacional, en torno a la cual las fuerzas armadas son los garantes de la institucionalidad, es decir, son los encargados de señalar que es lo bueno malo en Chile, integran el Consejo de Seguridad Nacional, eligen senadores vitalicios para el Parlamento chileno, son miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Cinematográfico, etc.; el otro pilar es el modelo neoliberal donde no se le da ninguna importancia a los derechos económicos sociales y culturales, en Chile no está garantizado el derecho a la salud ni al trabajo, la constitución solo se queda en asegurar libertades en esos temas.

¿Es posible de este modo establecer una alternativa al sistema de gobierno actual?
En América Latina en general es difícil pensar en una alternativa sino se garantizan ciertos aspectos. Uno de los propósitos que hoy definen la lucha por los Derechos Humanos es la lucha contra la impunidad. Las agrupaciones de abogados, asociaciones de familiares de víctimas, los organismos de Derechos Humanos, etc., en América Latina están teniendo como objetivo prioritario derrotar la impunidad que existe en las transiciones democráticas para aquellos que violaron los derechos humanos en las dictaduras. El no ejercicio del derecho de persecución penal de aquellos que cometieron los más graves y violentos crímenes en América Latina ha sido una condición impuesta por las fuerzas armadas para entregar el poder. Esto se ve claramente en Chile y en Uruguay, donde la clase política ha aceptado el chantaje de las Fuerzas Armadas y han sentado un precedente histórico grave al no asegurar que nunca más se volverán a producir estos crímenes, sin entender que el problema de la democracia pasa por la sanción de estos criminales.

Los conflictos sociales en America Latina siempre se han resuelto de manera violenta, los intereses económicos, principalmente estadounidenses, siempre son defendido s por las fuerzas armadas.

Para que en América Latina haya procesos políticos alternativos, para que pueda darse seguridad de que estos proyectos puedan consolidarse y puedan llegar a la gente, es necesario asegurar que estos procesos no van a ser aplacados por la fuerza, que no se van a volver a aniquilar las ideas. No resulta correcto lanzarse a la construcción de ningún proceso de alternativas al capitalismo si no aseguramos que esos procesos no van a ser nuevamente exterminados, sino solucionamos el problema del «nunca más». Lo esencial es asegurar que las soluciones a los conflictos sociales se van a hacer de manera pacífica. Si no lo hacemos no tiene sentido abocarse a la construcción de alternativas.