· Publicado en Monográfico · Andalucía Solidaria con la Población Refugiada

"Las autoridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros incumplen sus obligaciones internacionales, cometiendo continuas ilegalidades"

"Las autoridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros incumplen sus obligaciones internacionales, cometiendo continuas ilegalidades"

Es parte de la exposición que realizan los autores del libro “Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales” (Icaria, 2015), en un extracto del libro adelantado por la revista La Marea. 

El estudio lo firman Juan Hernández Zubizarreta, doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), miembro de Hegoa e integrante del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Pedro Ramiro, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y coordinador de OMAL – Paz con Dignidad. El texto valora las condiciones jurídicas que se están imponiendo a las personas refugiadas, exponiendo la paradoja de que los Estados se muestren “débiles a la hora de controlar los abusos cometidos por las empresas transnacionales e imponerles sanciones”, mientras que “se hacen fuertes ante hombres, mujeres, niños y niñas que huyen de la guerra”.

La realidad del trato aplicado a la población refugiada constata, según los autores, que la Unión Europea negocia “nuevos tratados comerciales para blindar los negocios de las compañías multinacionales mientras se requisa dinero y objetos de valor a los demandantes de asilo que llegan a tierras europeas huyendo de la guerra”; a ello se suma una reinterpretación del sistema internacional de los derechos humanos y el sistema europeo de protección de los mismos, vaciándolos de toda eficacia. “Proteger con mucha más intensidad los derechos de las grandes empresas que los derechos de las personas refugiadas. Con ustedes, la Unión Europea”, concluyen Hernández y Ramiro en el libro que acaba de publicar la editorial Icaria.

En el texto explican que la lex mercatoria se sustenta en una interpretación del principio de igualdad que obliga a tratar igual a las corporaciones transnacionales y a las empresas nacionales, de modo que “toda ventaja concedida a los inversores del país debe extenderse también a los extranjeros”. De este modo, que los inversores nacionales recibieran alguna ayuda del Estado supondría “quebrar el principio de trato nacional que ya ha sido incorporado en la mayoría de tratados y acuerdos de “libre comercio” e inversiones”. Los autores afirman que en muchos casos “este trato es discriminatorio e implica que las relaciones asimétricas de poder se sitúen en el centro de la técnica jurídica”. Según defienden, una interpretación fundamentada en la equidad conlleva tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales: no se puede tratar del mismo modo a una gran multinacional que a una cooperativa de la economía solidaria y “de hecho, las cláusulas de acción positiva a favor de estas pequeñas empresas son las que se mejor se ajustan al principio de igualdad”.

Juan Hernández y Pedro Ramiro extrapolan este ‘principio de desigualdad’ a los refugiados y refugiadas, de manera que “se les aplica una batería de medidas represivas y de contención, en lugar de cumplir la normativa internacional y comunitaria, evitando cualquier tipo de acción positiva a favor de las personas más desfavorecidas”. Afirman que “es la visión dominante del lugar que han de ocupar los derechos humanos en el mercado mundial: máxima protección para las empresas transnacionales europeas, hagan lo que hagan y vayan donde vayan —relaciones con regímenes dictatoriales, venta de armas, expolio de recursos energéticos y materias primas, etc.—, acompañada del máximo control, fuerte represión y expulsión de las personas refugiadas, aunque vengan huyendo de guerras, hambre o desastres ambientales”, lo que definen como “pura asimetría normativa”.

Y para aclarar la situación, ponen el ejemplo de las multinacionales europeas que desarrollen sus operaciones en Venezuela. Un trato igual al de las empresas venezolanas garantizaría que las grandes corporaciones no puedan ser “discriminadas”, mientras que los refugiados que llegan a Europa son expulsados, repudiados y despreciados. Los autores se preguntan por qué no se les aplica el mismo principio que a las empresas europeas y se les trata igual que a la ciudadanía europea. La respuesta: “sin duda, las empresas transnacionales tienen muchos más derechos que las personas refugiadas”.

Los autores explican la idea de “seguridad jurídica”, en el marco de la lex mercatoria, que tiene como fundamento central la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las multinacionales. Una concepción, afirman, en la que únicamente se hace referencia al Derecho Corporativo Global, concretado en las miles de normas, acuerdos y tratados bilaterales, multilaterales y regionales que han sido promovidos en las últimas décadas por las instituciones comunitarias e instancias como el Banco Mundial, el FMI y la OMC. Frente a esta lectura aplicada al Derecho Corporativo, los autores afirman que la seguridad jurídica es un principio internacional no solo vinculado a valoraciones económicas: “la verdadera seguridad jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del Derecho Corporativo Global. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica de los refugiados y las refugiadas?”.

La enumeración de incumplimientos que mencionan los autores del libro que publica Icaria deja en evidencia a las autoridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros: “en lugar de cumplir la Declaración de Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) y las diferentes directivas comunitarias, hablan de que hay una “crisis humanitaria” e incumplen sus obligaciones internacionales. En realidad, están cometiendo continuas ilegalidades y están llevando a cabo prácticas que podrían tipificarse como crímenes internacionales”.

Mientras que una empresa multinacional que sienta afectados sus intereses en otro país puede recurrir a multitud de instancias para reclamar su ‘derecho afectado’, contando para ello, incluso con el apoyo del país de procedencia y la Unión Europea (los autores describen el caso de REPSOL en 2012, cuando el Gobierno argentino decretó la nacionalización de YPF), las vulneraciones de los derechos de las personas refugiadas no tiene tribunal alguno al que remitirse. “¿ante qué tribunal pueden ser denunciadas? ¿Y qué eficacia tendrían esas denuncias? ¿Por qué el sistema internacional de los derechos humanos les protege de una manera tan frágil? Esta es una justicia para pobres”, concluyen Hernández y Ramiro.

“Las grandes empresas europeas cuentan con apoyo diplomático, económico, político, jurídico y mediático; en el caso español, incluso, han llegado a crear su propia marca España. A los refugiados y demandantes de asilo, sin embargo, la administración comunitaria y las autoridades de los Estados miembros les responden deteniéndolos con vallas, muros y alambradas, pintando sus casas y obligándoles a llevar pulseras rojas si quieren alimentarse, confinándolos en campos de concentración y expulsándolos, deportándolos, expropiando sus bienes, criminalizando la ayuda que les brindan algunas organizaciones y personas solidarias, no protegiendo a los niños y niñas que huyen de la guerra, ni a las mujeres presas de todo tipo de violencia sexual. La asimetría jurídica del horror”.

Los autores afirman que “mientras se desregulan los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles de comprarse y venderse, se protegen con la máxima eficacia los derechos de las transnacionales. En el caso de las personas refugiadas, las administraciones de la UE y de sus Estados miembros no sólo “desregulan” sus derechos, sino que se les confina en campos de refugiados, se les deja morir en la travesía del espanto y se transforma el sistema internacional de los derechos humanos en proclamas vacías de contenido a favor de la resolución de la “crisis humanitaria”. En la Unión Europea, hoy, el Estado de Derecho se ha sustituido por el Estado del capital, y los derechos y la vida de los refugiados y refugiadas valen mucho menos que la marca España. Por eso, frente a la lex mercatoria y el poder de las empresas transnacionales, construyamos un plan B para Europa”.

Texto completo en: http://www.lamarea.com/2015/11/28/contra-la-lex-mercatoria/

Título: Contra la lex mercatoria
Subtítulo: Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de empresas transnacionales
Autores: Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro
Editorial: Icaria
Colección: Más Madera, 123
Materias: Economía | Globalización | Justicia y derechos humanos
ISBN: 9788498886931
Año: 2015
Páginas: 160

Foto: Refugiados sirios en Líbano | by AcnurLasAméricas

Especial Andalucía Solidaria con la Población Refugiada

Ante la crisis de la población refugiada proveniente de los países en guerra de Oriente Próximo que se está viviendo en Europa, el FAMSI desea respaldar todas las acciones emprendidas para la acogida y atención a los/as refugiados/as, activar medidas que contribuyan a incrementar la participación de actores en una movilización conjunta de solidaridad y respuesta, así como facilitar la coordinación, eficacia y eficiencia entre los actores sociales, gobiernos locales y el resto de administraciones del Estado. Este monográfico quiere contribuir a facilitar la comprensión del contexto en el que se ha producido esta crisis humanitaria y a relatar los esfuerzos por paliar sus consecuencias.