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Andalucía estrena Ley de Participación Ciudadana

Andalucía estrena Ley de Participación Ciudadana

La Ley se publicó en el BOJA del 27 de diciembre, por lo que entrará en vigor en diciembre de 2018, doce meses después de su publicación. Los municipios deberán adaptar o aprobar sus reglamentos de participación ciudadana en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma legal.

La Ley de Participación Ciudadana de Andalucía regula la participación en la elaboración de presupuestos, la proposición de políticas públicas y elaboración de normas, y procesos como las consultas populares, convocadas por la Junta de Andalucía o los ayuntamientos.

La norma reconoce la trayectoria de los gobiernos locales "pioneros en procesos de participación ciudadana", aludiendo a los presupuestos participativos como una de las formas de participación "más innovadoras y consolidadas en Andalucía", y destacando la Declaración de Antequera de 2008 como "un importante antecedente"; dicha Declaración recoge los principios de "un modelo de participación ciudadana autorreglamentado, donde las reglas se construyen de forma participativa entre la ciudadanía y las Administraciones públicas; universal, bajo la fórmula de una mujer o un hombre, un voto; y vinculante, donde la institución se compromete a respetar y ejecutar los resultados de la priorización emanada de los procesos participativos".

La ley se propone fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía, facilitar el ejercicio de la iniciativa para la propuesta de políticas públicas y conocer la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos públicos; contempla el interés por favorecer la colaboración entre la Administración autonómica y local en el fomento de la participación y en la realización de procesos de participación y en especial, fomentar la participación social de las mujeres, de las personas menores de edad, de las personas mayores y de los colectivos en situación de vulnerabilidad.

Se reconoce el derecho a la participación a "todos los ciudadanos y ciudadanas que tengan la condición política de andaluces o andaluzas y las personas extranjeras residentes en Andalucía"; una participación que se podrá ejercer de manera directa o a través de las entidades de participación ciudadana, entre las que se encuentran las entidades sin ánimo de lucro, las entidades representativas de intereses colectivos, las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente y las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos.

La regulación de las consultas participativas

Podrán ser de iniciativa ciudadana o institucional y de ámbito autonómico o local. En las consultas participativas locales, tendrán por objeto cuestiones relativas a materias de la competencia de las entidades locales andaluzas; cuando no sea así, el municipio tendrá que solicitar la autorización del Gobierno de la nación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica reguladora de las bases del régimen local. Podrán ser convocadas por los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, y de ámbito inferior al municipio cuando se trate de municipios de gran población, en el ámbito de una entidad de gestión descentralizada o de un ente desconcentrado.

La iniciativa institucional corresponde a la corporación local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple a propuesta del presidente, al menos dos grupos políticos o representación o un tercio de los miembros de la corporación. La convocatoria de estas consultas corresponderá a la persona titular de la Alcaldía o, en su caso, de la persona titular de la presidencia de la Diputación Provincial, previo acuerdo motivado de la mayoría absoluta del Pleno. Se realizará mediante decreto en el plazo de 45 días desde el acuerdo adoptado y se publicará en el boletín oficial de la provincia al menos 30 días antes a la fecha prevista para la votación.

Un posterior desarrollo reglamentario determinará el número de consultas participativas locales que podrá realizarse cada año, atendiendo tanto a la complejidad de los asuntos como a los colectivos a los que afectan, con un límite de tres anuales. Los procesos sobre un mismo tema deberán espaciarse un mínimo de dos años. Las consultas participativas reguladas en esta ley son de naturaleza consultiva y no vinculante.

Dentro de las autonómicas, las de carácter ciudadano requerirán de al menos 30.000 firmas de apoyo. La institucional deberá ser promovida por la presidencia de la Junta de Andalucía, previo acuerdo del Consejo de Gobierno, o cuando exista consenso de un mínimo del 10% de los ayuntamientos de la comunidad y siempre que representen en su conjunto a una población mínima de 500.000 habitantes. La convocatoria deberá publicarse en el BOJA con, al menos, 45 días de antelación a la fecha prevista del proceso.

En el ámbito de la Administración autonómica, la Comisión General de viceconsejeros será la encargada de coordinar la participación y en cada consejería existirá una unidad específica sobre la materia.

Esta noticia está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
 

 

 

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