El Gobierno ha cumplido el camino que se había trazado: aprobar un documento que justificara un año de retraso en la elaboración de un Plan que por ley es obligado para la planificación de la política española de cooperación internacional, hacerlo sin presupuesto, y afirmar que ha sido 'participado'. Una definición cuestionable, si se tiene en cuenta el rechazo mayoritario y las incorporaciones admitidas tan anecdóticas, que ni siquiera se han dado a conocer. ¿Cómo ha sido el proceso y de qué modo lo ha llevado a cabo?
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