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Aprobado el Informe elaborado por la Subcomisión para el estudio de la actualización de la Ley de Cooperación Española

Aprobado el Informe elaborado por la Subcomisión para el estudio de la actualización de la Ley de Cooperación Española

El documento propone actualizar la cooperación internacional como política de interés nacional y situarla en la centralidad de la acción exterior para que sea el principal instrumento de promoción de un desarrollo sostenible, y reserva un papel relevante a la cooperación descentralizada local, reconociendo su protagonismo en un escenario territorial rico y diverso, junto a las cooperaciones autonómicas y forales

La sesión comenzó con un minuto de silencio en recuerdo al equipo de cooperación asesinado en la región etíope de Tigray el pasado 24 de junio, una región sumida en la guerra desde el pasado noviembre. 

Con 22 votos a favor y 14 en contra el informe elaborado por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados ha salido adelante en la sesión celebrada el 30 junio. El texto es fruto de las aportaciones realizadas por los agentes interesados, desde que se creara una subcomisión al efecto, el 16 de noviembre de 2020, con la participación de tres integrantes del Grupo Parlamentario Socialista, dos de cada uno de los Grupos Parlamentarios Popular, VOX y Confederal de Unidas Podemos – en Comú Podem - Galicia en Común, y cada uno de los restantes grupos parlamentarios.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ya había adelantado la voluntad de llevar a cabo esta reforma en el seno de un órgano cuya petición fue registrada por la presidenta de la Comisión de Cooperación, la diputada de IU, Roser Maestro; se apoyaba así la intención del Gobierno de llevar a cabo la reforma de la Ley de Cooperación, con 23 años de trayectoria, y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, creada en 1988 como AECI, Subsecretaría adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, y renombrada con la denominación actual en Real Decreto de 2007, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

Esta trayectoria es la que destaca en su preámbulo el documento fruto del trabajo de la Subcomisión, ‘Hacia una nueva Ley de Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible’. Una cooperación con fortalezas como “la presencia en terreno, la capacidad de escucha la diversa especialización técnica, una gestión democrática y descentralizada compartida con la sociedad civil que cuenta con respaldo ciudadano muy superior, - afirma el texto -, al de la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea”.

El informe subraya la conveniencia de aprobar un nuevo consenso sobre el desarrollo sostenible acorde a la dimensión transversal y de coherencia de políticas que promueven la Agenda 2030 y el nuevo contexto de interconexión, evidenciado aún más, si cabe, con la pandemia de la COVID-19.  

Entre las conclusiones de consenso para la futura ley, el documento parte de la propuesta de una cooperación promotora de la Agenda 2030 “como proyecto país”, planificaciones que definan ‘ejes-misión’ para una cooperación transformadora que contribuya a la preservación de los bienes públicos globales, y el liderazgo de la AECID como pilar central de la política de cooperación al más alto nivel, que supere la fragmentación y genere alianzas multiactor y multinivel. Además, ratifica la participación de las administraciones públicas para el fortalecimiento institucional, mediante la cooperación técnica pública, y destaca la importancia de velar por la complementariedad de las distintas modalidades de cooperación y sus instrumentos para mejorar la eficacia de su impacto mediante la generación de alianzas.

El informe llama a avalar legalmente la cooperación autonómica, foral y local reconociendo su valor añadido, su singularidad y el principio de subsidiariedad, prestando especial atención a su contribución ante el desafío que supone la territorialización de los ODS.

Coordinación en el conjunto de la Unión Europea, colaboraciones público-privadas-sociales para catalizar alianzas de carácter multiactor y multinivel e impulso a una cooperación financiera adecuada a la arquitectura comunitaria, así como la mejora de los instrumentos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo en lograr el suelo mínimo del 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030, son los aspectos más destacados entre las conclusiones del trabajo realizado por la Subcomisión para el estudio de la reforma de la cooperación española.

Las recomendaciones priorizan la consecución de los objetivos y metas de la nueva agenda internacional para el desarrollo, sobre una visión integral, a través de ejes prioritarios como la promoción de una cooperación feminista en el abordaje de la causas de la pobreza y la desigualdad, buscando el empoderamiento de las mujeres; la contribución a una justicia climática y ambiental global y multilateral; el incremento cualitativo y cuantitativo del espacio cívico y democrático, la promoción de los derechos humanos y las instituciones inclusivas y representativas; la promoción de la salud global, incorporando la contribución de España a la liberación de las patentes, el reforzamiento de la atención primaria y los servicios esenciales para una cobertura sanitaria global.

La investigación en cooperación y desarrollo sostenible, y la apuesta por la Educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía global son elementos clave de la propuesta. El informe señala la relevancia de mejorar la información sobre el valor añadido de la cooperación internacional para el desarrollo en la enseñanza, incorporando instrumentos y enfoques innovadores que evidencien el impacto positivo de la cooperación, - contribuyendo a una nueva narrativa de interdependencia, solidaridad y corresponsabilidad -, para la conformación de una ciudadanía global responsable y con conciencia crítica.

El documento se adapta a la realidad incorporando las que denomina “trampas de la renta media” para llamar la atención sobre la ampliación de brechas globales y nacionales de desigualdad y aboga por una cooperación que contribuya a reducir la brecha socioeconómica entre países, con independencia de sus niveles de ingresos. El impulso de la revisión y actualización del actual arco regulatorio normativo (Ley de subvenciones, reguladora de bases del régimen local, Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, de gran impacto en la cooperación descentralizada local), ocupa un lugar propio en el documento aprobado.

El fortalecimiento de los derechos humanos en la cooperación repasa algunos de los cambios que pueden abundar en una acción internacional más inclusiva; la aportación de la cooperación a la política migratoria y atención a personas refugiadas, la priorización de los derechos sexuales y reproductivos, la especialización en la promoción del agua como derecho humano, la revisión del marco normativo para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de romper el ciclo pobreza – discapacidad, y transversalización, también en este sentido, de la perspectiva feminista, se incluyen de forma expresa en el texto del informe.

Esta misma estrategia de transversalización se recomienda para la promoción de las personas LGTBI, hacia un reconocimiento de la diversidad sexual como bien público global, mejorando el marco de asilo y protección internacional por estas causas. La cooperación cultural, garantías para los derechos de la infancia y la juventud y el derecho a una educación universal sin brechas, se complementan con la invitación a tener en cuenta en la reforma la promoción de un modelo de digitalización de los países socios de la cooperación basado en la responsabilidad, sostenibilidad y respeto a los derechos humanos.

El valor añadido y diferencial de la Cooperación Descentralizada

Pluralidad y diversidad son dos de las claves de la cooperación española. En ello juegan un relevante papel las cooperaciones autonómicas y locales que expresan la solidaridad y personalidad de cada territorio, municipio, región o nacionalidad. Esta constatación de la existencia de un panorama rico y diverso en la cooperación territorial del país está presente en el Informe aprobado, y en especial, en el capítulo que aborda la articulación y complementariedad de una cooperación multinivel. Su fortalecimiento, cohesión y enfoque integral queda recogido como punto de partida para “implementar una visión compartida” que permita una planificación de abajo a arriba, y “actúe en clave de palanca para el cumplimiento de objetivos comunes”. 

Muy relevante es la apuesta del Informe aprobado en el seno de la Subcomisión para la reforma de la Ley de Cooperación por la consolidación de mecanismos de diálogo, participación y coordinación adecuados y eficaces para establecer estrategias complementarias con la cooperación autonómica y local, y reforzar su papel en materia de cooperación técnica. El documento aboga por “reconocer expresamente a los Fondos de Cooperación Municipales y a la Cooperación de Fondos de Cooperación y Solidaridad como instrumentos de los gobiernos locales para la cooperación internacional para el desarrollo, garantizando su participación de pleno derecho en los órganos consultivos y fomentando la complementariedad en aquellas iniciativas que están vinculadas al desarrollo territorial, mundo local y/o municipalismo”.

El enfoque de la reforma que contempla el Informe aprobado subraya la necesidad de asegurar legalmente la dimensión del principio de subsidiariedad para garantizar el pleno reconocimiento de gobiernos autonómicos, forales y locales en la política pública de cooperación. En este sentido, el Informe aprobado aboga por una revisión de las leyes y normativas que forma que permitan una gestión de sus políticas y proyectos de cooperación más eficiente y ágil. También se contempla, como un elemento a tener en cuenta, el impulso y análisis del acceso de estos agentes a la cooperación delegada de la Unión Europea y cualquier otro organismo multilateral.

La FEMP y las federaciones de municipios autonómicas son reconocen como canales de participación e interlocución en los canales de participación que suponen el Consejo y la Comisión Interterritorial de Cooperación. La Conferencia Sectorial se contempla como un espacio para el encuentro y el trabajo conjunto entre administraciones, y evitar la falta de coordinación.

Una cooperación en alianza y multiactor, profundizando en el marco de colaboraciones público-privadas-sociales, el refuerzo del Consejo de Cooperación, explicitar el papel protagónico de las ONGD como agentes prioritarios de desarrollo, desarrollar en la futura Ley un espacio de trabajo de la labor sindical, reconocer el papel de la Academia y especialistas en cooperación, así como la redefinición del papel de la cooperación financiera, se desarrollan de forma detallada en el documento, que contempla un capítulo para los derechos del colectivo de cooperantes.

En este aspecto, el Informe contempla la elaboración y aprobación de un nuevo Estatuto, el desarrollo de protocolos de información, guías claras y códigos de conducta para prevenir, proteger y responder a la explotación sexual, el abuso y el acoso en sede y terreno, de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE y Naciones Unidas y otras directrices e instrumentos internacionales. 

El Informe concluye la necesidad de avanzar en la definición de una carrera profesional especializada y el impulso de un programa de formación en cooperación feminista, así como el establecimiento de un mecanismo para prácticas remuneradas para jóvenes profesionales que permita la incorporación de talento joven a la cooperación.

En el capítulo financiero, el Informe recuerda el compromiso histórico con el suelo mínimo del 0,7% de la RNB a la AOD en 2030, ahora contemplado en la meta 17.2 de la Agenda 2030, de acuerdo con la Agenda de Acción de Addis Abeba, y solicita su anclaje legal, en la reforma pendiente.

De acuerdo con las declaraciones de Ángeles Moreno, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, está previsto que la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible llegue a las Cortes el próximo otoño.

 

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