· Publicado en Ayuda al Desarrollo
La financiación no es suficiente: Informe Europeo sobre Desarrollo 2015
El desarrollo sostenible no se alcanzará solo con los recursos financieros. Es necesario combinarlos "de manera efectiva con la política para darles un uso más productivo". Es el mensaje que lanza la Comisión Europea en el Informe sobre Desarrollo 2015.
Durante la presentación del Informe, el comisario europeo de Cooperación Internacional, Neven Mimica, afirmó que "no es tarea fácil" lograr que los países desarrollados aporten el 0,7% del PIB al desarrollo, una meta reconocida hace más de 40 años, aunque confió en que las perspectivas de crecimiento de la UE lo permitan.
Informe sobre Desarrollo 2015.
El documento se da a conocer antes de varias citas relevantes: por un lado, la Conferencia Internacional sobre financiación para el Desarrollo, que se celebrará del 13 al 16 de julio en Adís Abeba (Etiopía), la Cumbre Post 2015 de Naciones Unidas, en septiembre y la reunión de cambio climático que acogerá París, en el mes de diciembre.
En palabras de Mimica, se trata de tres citas "que establecerán el nivel de ambición de la comunidad internacional en los y décadas por venir", en tanto que "ofrecerán una oportunidad única en la vida para acabar con la pobreza, lograr la prosperidad compartida, transformar las economías, proteger el medio ambiente, promover la paz y garantizar el respeto de los derechos humanos".
En líneas generales, la Unión Europea ha querido subrayar la reclamación de un "verdadero cambio de paradigma" en la cooperación para el desarrollo internacional, destacando la necesidad de que la política de Estado y las finanzas vayan de la mano ya que "ambas son esenciales para implementar una agenda de desarrollo post 2015 transformadora".
El Informe expone que la financiación por sí sola no es suficiente. Según uno de los autores del informe y especialista del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo, James Mackie, "los recursos financieros no son algo que se pueda observar sin que haya políticas detrás". El documento confirma que rara vez alcanza los objetivos buscados, a menos que se acompañe de políticas complementarias. La posición que expresa el Informe Europeo de Desarrollo 2015 es tajante: "que se tengan en cuenta todos los tipos de financiación, vengan de donde vengan".
Sus conclusiones confirman tres pautas principales que regirían la acción de la Comisión Europea para poner en práctica la nueva agenda de desarrollo: no se trata de desarrollo si no es sostenible, no es resiliente y en él no participan las mujeres.
La UE en su conjunto se mantiene como el mayor donante de ayuda mundial, pese a las restricciones presupuestarias. Según las últimas cifras, la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de la UE, de sus instituciones y los Estados miembros, ha aumentado a 58.200 millones de euros, un 2,4 por ciento desde 2013, su mayor nivel nominal hasta la fecha. La ayuda colectiva europea representó 0,42 por ciento del ingreso nacional bruto (INB) del bloque en 2014.
La meta del 0,7 por ciento de la AOD/INB se reconoció formalmente en octubre de 1970. Entonces, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que incluía el objetivo de que "cada país económicamente avanzado aumentará progresivamente su AOD a los países en desarrollo y realizará sus mejores esfuerzos para alcanzar un importe neto mínimo del 0,7 por ciento de su producto nacional bruto a precios de mercado para mediados de la década". Hasta la fecha, el objetivo no se ha logrado.
Según el director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la CE, Fernando de Melo, la prioridad de la UE es "erradicar la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible".
La mayoría de los ponentes coincidieron en que la UE necesita ir más allá de las "buenas palabras" y proponer acciones concretas, sin dejar de combinar aspectos económicos, sociales y medioambientales.
El documento es la quinta edición de un informe independiente promovido por la iniciativa de Investigación Europea para Políticas de Desarrollo, impulsado por la Comisión Europea y realizado por expertos de cuatro países miembros: Finlandia, Francia, Alemania y Luxemburgo.
